El nuevo Presidente y ex Jefe de las Fuerzas Armadas, Al Sisi, con el depuesto Morsi

La Historia política contemporánea de Egipto ha consistido en una sucesión de cambios de regímenes justificados en el despotismo de sus mandatarios y en la búsqueda de un mayor bienestar, justicia y libertad para el pueblo. Sin embargo, el resultado ha sido un secuestro de la democracia por los diferentes líderes que han alcanzado el poder posteriormente. Y si una conclusión es clara, es la constatación de la ineludible hegemonía de lo militar en los destinos del país. Así lo confirma recientemente el golpe de Estado a Mohamed Morsi, el primer presidente electo del país. Desde entonces, la represión hacia los integrantes de los Hermanos Musulmanes, ha sido levemente criticada por las potencias occidentales, las cuales siempre han mantenido intereses flagrantes en la región. Aplicando nuevamente la real politik en el Tercer Mundo, han demostrado seguir más interesadas en la estabilidad de un régimen próximo a ellas, que de las virtudes democráticas que tanto exigen cuando les conviene.

Egipto ha sido tradicionalmente el país más dinámico e influyente de sus vecinos árabes en la región. El Nilo, fuente de vida, no sólo permitió el florecimiento de una civilización milenaria, sino que también, proporcionó el confort necesario para el desarrollo de un importantísimo legado cultural, tecnológico y artístico único en el mundo. Desde el periodo Antiguo pasando por el romano, helenístico, bizantino y otomano, la herencia egipcia ha sido estudiada por las siguientes generaciones con enorme admiración. De hecho, su mayor fuente de ingresos hasta los cataclismos derivados de las revoluciones de 2011 ha sido el turismo, atrayendo a grandes inversores y millones de visitantes cada año.

Pero si algo ha ido arrastrando Egipto desde los tiempos faraónicos hace más de tres mil años es un férreo control central de los recursos y de la población. Gracias a ello, podemos hoy día contemplar las pirámides de Guiza de las primeras dinastías, o el templo de Abu Simbel de la XIX dinastía de Ramsés II. Precisamente, este faraón que gobernó el país en un contexto de dinastías guerreras, podría ser paradigma de una nota caracterizadora del país hasta el presente: la enorme importancia del sector militar. Una institución, que según los cables de Wikileaks de 2008, está “en declive” pero es fundamental para la estabilidad del país.

Los militares vuelven al poder y la historia se repite. Abdelfatá Al-Sisi, el “mariscal”, ha salido victorioso en unos comicios en los que la pluralidad de candidaturas brillaba por su ausencia. Al igual que su vecino argelino, lo militar trata de imponerse a lo civil. Y en este sentido, el ejército no ha tenido reparos en derrocar a un presidente democráticamente electo cuando su pueblo así lo ha reclamado y ella misma lo ha percibido como una amenaza a su margen de maniobra.

Todo comenzó con el Movimiento de Oficiales Libres, liderado por Gamal Abdel Nasser y Muhammad Naguib, que derrocó al rey Faruq en 1952  acusado de ostentar un régimen autoritario, corrupto y sumiso a las potencias occidentales. Tras él llego Naguib, quien, al intentar frenar la influencia militar en la esfera política, fue marginalizado hasta su expulsión de la presidencia del país. Entonces, se nombró presidente a Nasser, uno de los grandes líderes de la Historia de Egipto, que de formación militar, implantó su ideología panabarista y socialista, ayudando a reforzar la identidad y la iniciativa del país en sus acciones exteriores.

Nasser fue un actor extraordinariamente dinámico en las relaciones con sus vecinos y cabeza de iniciativas de gran calado como la del Movimiento de Países No Alineados. No obstante, a pesar de presidir la Conferencia de Bandung en plena Guerra Fría, durante su gobierno simpatizó abiertamente con las tesis de la URSS, aplicando modelos soviéticos y recibiendo ayuda de éstos para la construcción de la presa de Asuán. Este hecho, junto con otra serie de iniciativas como la nacionalización del Canal de Suez en 1959, enervaron profundamente a Reino Unido y Francia, socios y beneficiarios de este enclave fundamental para sus intereses comerciales.

La crisis de Suez abrió entonces un capítulo de episodios armados en la región con el joven Estado de Israel como centro de gravedad del conflicto. Nasser, que lideró la revolución de los oficiales, en parte como contestación al fiasco militar de la primera guerra árabe-israelí de 1948, sufrió durante su mandato un nuevo golpe de los sionistas con la pérdida de territorios en la Guerra de los Seis Días, en 1962. El aclamado líder falleció antes de poder contemplar el retorno de la Península del Sinaí a manos egipcias.

Los territorios ocupados – recordemos que hoy día Israel sigue incumpliendo la Resolución 242 que declara ilegal la colonización del resto de superficies que siguen bajo su control- se devolvió dieciséis años después tras la mediación del presidente Carter entre el primer ministro israelí Menajem Beguin y el nuevo presidente egipcio, Anwar Al Sadat, en el marco de los Acuerdos de Camp David en 1978.

El hecho de que el presidente Sadat visitara y negociara reconociendo así la existencia del Estado de Israel, fue lógicamente percibido por el resto del mundo árabe como una alta traición. Sobre todo si se tiene en cuenta que El Cairo albergaba la  sede de la OLP y el carismático Nasser se había erigido desde su existencia como el gran rival de Israel en lo que a la dignidad del pueblo palestino se refiere. En represalia a esta deslealtad, Egipto fue expulsado temporalmente de la Liga Árabe y Sadat fue asesinado por una de las facciones radicales disidentes de los Hermanos Musulmanes, Al-Jihad Al-Islâmî. Esta organización jihadista tenía como líder a Al Zawahini, más conocido por ser el número dos de Al Qaeda. La otra rama desertora de la cofradía, Al Jamâ’a Al Islamiya, también tuvo un lamentable protagonismo durante los años 90, siendo los ataques a turistas de Luxor en 1997 su ofensiva más mediática. Y es que no es casualidad que, en este contexto de la Revolución iraní y de la doblegación ante Israel, el auge del extremismo islámico irrumpiera con fuerza.

Pero lo cierto es que las intenciones de Sadat en este acercamiento con su íntimo enemigo se fundaban en la necesidad de una estabilidad política y económica que sólo podía proporcionarle Estados Unidos. Y así lo hicieron los americanos. A cambio de la paz, Carter prometió un jugoso paquete económico y militar de 1.000 millones de dólares anuales – hasta 2001 fue el segundo país beneficiario de Estados Unidos. De ahí deriva esa evidente ambigüedad del país faraónico con los actores occidentales y de éstos con Egipto. Como ha reconocido Obama recientemente tras la victoria de Al Sisi, sus relaciones con el país africano se fundan en cuestiones “puramente geoestratégicas”. No hay que olvidar que por el Canal de Suez pasa el 4% del petróleo mundial y el 8% del comercio marítimo. Cualquier movimiento fuera de lugar, podría afectar directamente a la economía norteamericana.

Egipto necesita turismo, inversiones y protagonismo regional. Occidente necesita la estabilidad de un aliado árabe y colaboradores en la lucha antiterrorista en Oriente Medio. Por ello, no pusieron Ashton y Obama el grito en el cielo cuando se produjo el golpe de Estado que se llevó por delante a Morsi. El gobierno del Partido Libertad y Justicia fundado por los Hermanos Musulmanes nunca fue de especial agrado a los ojos de Europa y Estados Unidos, que desconfiaban de la complicidad de un régimen que se apoyaba en los pilares de la ley islámica. Una vez más, la hipocresía de los grandes legisladores del mundo se hacía evidente a la luz de sus intereses en el rincón más inestable del globo.

Los Hermanos Musulmanes, cofradía fundada en 1928 por Hassan Al Banna tras el colapso del Imperio Otomano, vive desde sus inicios en una intermitente clandestinidad. Pionera del islamismo político, aboga por la implantación del califato, el primer sistema de gobierno del Islam bajo los preceptos de la sharia. La organización ha vivido a lo largo de su existencia numerosas renovaciones en las que el papel de las nuevas generaciones ha sido fundamental. Estas élites, educadas en la era del marketing y las comunicaciones, han comprendido – a diferencia de aquellos que apuestan por la lucha armada – que su reconocimiento político sólo es posible abrazando los principios democráticos, el respeto por las minorías –fundamentalmente los cristianos coptos – y la dignidad de la mujer. Y mientras tanto, al igual que otras formaciones secretas, han hecho un excelente trabajo en el terreno, ganando el apoyo de los más desfavorecidos.

Por esta razón, no es de extrañar que cuando tuvieron la oportunidad de presentarse libremente a las elecciones, el pueblo egipcio votara por ellos. Tolerados, pero reprimidos desde la era Sadat, han sido utilizados durante algunos periodos como freno a las otras formaciones de oposición de izquierdas. Pero la caída de Mubarak les aupó a las primeras posiciones y Morsi, ganó en 2011 las elecciones por un ajustado 51,9% de los votos frente a su contrincante Ahmed Shafik, con un 48,1%. El presidente islámico, que además de encontrarse con una situación económica extraordinariamente deteriorada, cavó su propia tumba al proponer una ley que aumentaba sus poderes e inmunidad. Los ciudadanos sintieron que Morsi se había adueñado de la revolución y, temiendo la llegada de un nuevo dictador, se lanzaron a las calles para expresar su disconformidad.

¿Fue entonces la caída de Morsi un golpe de Estado escandalosamente antidemocrático, o por el contrario, respondió el ejército al deseo legítimo del pueblo soberano a decidir sobre su destino? Y en origen: ¿fue el intento de deriva autoritaria de Morsi una reacción a la tradicional injerencia del ejército en los asuntos civiles o una forma de blindarse al poder al más puro estilo sátrapa? Lo cierto es que la actuación del ejército en ambos acontecimientos – con Mubarak y Morsi – le ganó de nuevo las simpatías del pueblo, reforzando su figura de salvador de la nación. Cuestión que ha legitimado las pocas opciones pluralistas durante las recientes elecciones.

Al Sisi, según afirmaba recientemente su principal asesor, Amr Musa, “no es Mubarak” ni va a llevar al país a una nueva “dictadura” puesto que la nueva Constitución aprobada  – de la que él mismo fue Presidente de la Asamblea Constituyente que se encargó de la redacción- “establece reglas para limitar los poderes del Estado”. Este veterano de la política egipcia afirma que los principales retos a los que se enfrenta el actual Jefe de la República son el relanzamiento de la economía y los desafíos en seguridad.

Recordemos que la Península del Sinaí, fronteriza con Israel, alberga un entramado de población descontenta – de representación tribal y bereber – por el abandono del gobierno central en la zona. Frente al vacío de poder oficial, se proclaman consignas secesionistas y se ha dado refugio a contrabandistas y grupos islámicos radicales. Este descontento y agujero de seguridad que se remonta a la limitación de contingentes egipcios por los Acuerdos de Camp David, ha sido aprovechado por células salafistas y de Al-Qaeda para sembrar el terror no solo en focos turísticos, sino también como base de operaciones para ataques a Israel y aprovisionamiento de armas a Hamás. Ello ha dado lugar a un enorme déficit de seguridad que probablemente no será resuelto hasta que la situación política se estabilice y se retome el control de estos territorios.

Pero cuando Al Sisi y su contrincante socialista Sabahi hablan de terrorismo, también engloban a los Hermanos Musulmanes. Tras la expulsión de Morsi del poder, se ilegalizó la hermandad islámica catalogándola de organización terrorista, con el aplauso de los países del Golfo. Estas monarquías sunitas – Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Kuwait- satisfechas con la salida de Morsi, han suministrados importantes ayudas económicas y energéticas al gobierno de transición desde el golpe de Estado. De hecho, la prensa se hace eco de la competición entre estos países por ver cuál aporta más, llegando a la suma total de más de 12.000 millones de dólares de aportaciones colectivas. Las consignas liberales y la visita de Morsi a Irán – de confesión chíita – calentaron aún más los ánimos en el Golfo, percibiendo al presidente egipcio como una peligrosa turbulencia en la zona.

De esta manera, la cofradía no sólo ha sido catapultada del panorama político, sino que como en muchos otros casos, etiquetándola de terrorista ha logrado el efecto deseado de criminalización, deslegitimando la formación hacia el resto del mundo. Y si con todo esto no fuera suficiente, el gobierno de transición ha encarcelado y anunciado condenas a muerte – entre ellos al líder espiritual Mohamed Badie – o a cadena perpetua para alrededor de 1.200 miembros de la organización. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha denunciado las irregularidades en estos juicios multitudinarios, “que violan el derecho internacional”.

Volviendo a los problemas a los que ha de hacer frente el nuevo ejecutivo, más allá de la amenaza terrorista, la gran cuestión por resolver es la regeneración de la economía. El Banco Africano de Desarrollono augura buenas perspectivas para el año 2014, por el contrario, destaca la fragilidad en la confianza de los inversores internacionales y de la mayor fuente de divisas del país, el turismo. Además, siendo uno de los países árabes productores de petróleo, se ha visto obligado a comprar este combustible a Kuwait, junto con el gas, para poder aprovisionar los generadores de electricidad que durante dos años han sufrido cortes constantes, dejando a oscuras a la población. La alternancia de políticas soviéticas y de mercado durante las últimas décadas, ha conducido a un mal funcionamiento de la estructura industrial que requiere una serie de reformas coherentes. Además, los subsidios alimenticios y energéticos acaparan más de un cuarto del presupuesto estatal, en el contexto de una explosión demográfica que afecta igualmente a los servicios sanitarios y de educación.

El transcurso de las elecciones, aprobado por observadores europeos, ha sido, no obstante, puesto en tela de juicio por algunas ONGs como Democracia Internacional, que da parte de “un ambiente de represión política que impide unas elecciones genuinamente democráticas”. El acoso a los medios de comunicación de forma general, y a los periodistas en particular – al menos 16 han sido encarcelados – pone en evidencia la legitimidad de unos comicios que estaban preparados para un único ganador.

Mientras tanto, la garantía de un proceso justo para Morsi es nula. Acusado de actuar violentamente y asesinar a manifestantes y miembros de las Fuerzas Armadas, está a la espera de una sentencia por un tribunal cuya legalidad no reconoce. El expresidente, ha de ser juzgado por un tribunal especial, no por uno ordinario como es el caso. “Soy el presidente legítimo”, repite una y otra vez. Y lo más curioso, es que es cierto.

El anciano Presidente Buteflika depositando su voto durante los últimos comicios.

La reciente victoria de Buteflika mantiene a la primera economía africana y clave de la estabilidad del Magreb en un estado de parálisis catalogado de “continuidad”. Este status quo no sólo sigue beneficiando a un anciano régimen centralizador y corrupto sino también a los países occidentales. Europa contempla a Buteflika como una garantía de la contención islámica y el posible aprovisionamiento energético tras la crisis con Rusia. Y es que, a pesar de ser un país muy controlado por los diferentes ejes del Estado desde su independencia, las convulsiones juveniles y las brechas entre “Le Pouvoir” (El Poder) – esa nebulosa que entremezcla el poder político y militar–dejan entrever que el esquema tradicional comienza a resentirse.

Basta con echar un vistazo a la prensa argelina para darse cuenta de que la reelección de Abdelaziz Buteflika no está exenta de una cierta sensación de malestar, aunque algunos medios han aplaudido el nuevo mandato del octogenario. Le Quotidiend’Oran abre su portada con el titular “Reelección de Buteflika: la real politik de las grandes potencias”, haciendo alusión a la importancia de su permanencia para los intereses extranjeros. Otros, por su parte, como el diario Al-Moudjahid, se muestran complacientes con el elegido, adjuntando una foto del presidente en una pose jovial y activa.
Y es que muchas son las críticas dirigidas en el sentido opuesto: en el cuestionamiento de la capacidad de gobernar de un anciano postrado en una silla de ruedas que apenas ha comparecido públicamente en los últimos años. Sobre el penoso estado de salud que se le atribuye tras el ictus que sufrió en abril de 2013, planea la sombra de su hermano Saíd y del equipo que le rodea, los cuales son señalados como los verdaderos gobernantes del país.

Por su parte, la oposición, débil, mal organizada y fraccionada, no ha logrado imponerse en unas elecciones que desde algunos movimientos sociales como Barakat (“suficiente”) o Kifaya (“basta”) estaban llamadas al boicot. Estas acciones han conseguido una alta abstención en las votaciones con una tasa de participación del 51,7% pero no evitar la victoria del ganador con un 81,53% de los votos. El desarrollo de los comicios ha sido tachado por la oposición como fraudulento. Hecho que no ha podido ser contrastado por la ausencia de observadores internacionales.

El caso de Argelia ha sido comparado durante las últimas semanas por la prensa internacional como una transición “a la española”, por tratarse de un punto de inflexión que prepara al país hacia una verdadera democracia. Pero este cambio venía anunciado desde hace más de tres años, cuando la llamada “primavera árabe” visitó fugazmente el país. En ese momento Buteflika encargó a su primer ministro Abdelmalek Sellah abrir un periodo de consultas con más partidos y organizaciones sociales. El objetivo era lanzar un profundo programa de reformas políticas en varias áreas además de libertades más cercanas a las occidentales, una nueva ley de partidos, de información, asociación, etc. Todas estas promesas lograron sofocar inicialmente el fulgor reivindicativo en un país extremadamente joven, un sector que representa más del 80% de la población.

Esta población, que se muestra cauta ante nuevos enfrentamientos por el trauma que le causaron decenios de guerra, no ha dudado sin embargo en tomar las calles durante el periodo electoral. En cuestiones sociales se quejan de la falta de empleo –Argelia posee una tasa de paro de un 20% – y de la dificultad de acceso a la vivienda, asuntos que el Gobierno ha prometido resolver con una subida de un 11.3% en inversión pública respecto a 2013 (alcanzando un 50% del PIB, unos 100 millones de dólares). En lo relativo al sistema, las principales críticas se atacan a la rigidez de una estructura política clientelista, corrupta, autoritaria, que no distingue los diferentes regímenes de libertades, sino que, bien al contrario, todo está bien atado y sostenido por una sola mano. Pero esa mano comienza a fracturarse.

Uno entonces se pregunta, ¿por qué sigue ganando Buteflika? Para comprender la Argelia actual es necesario remontarse a la época colonial, momento en el que surgen las que hoy son las principales estructuras del Estado pero también a la guerra civil de los años 90 durante la cual Buteflika tuvo un importante papel.

La particular forma de gobernanza a la que los argelinos se refieren como “Le Pouvoir” está compuesta por el ejecutivo, el ejército y la intermediación de los servicios secretos – DRS por sus siglas en francés Département du Renseignement et de la Sécurité. Ahondando en las raíces de su gestación, es más sencillo entender por qué el sector militar tiene un rol tan destacado en la política argelina y por qué no está dispuesto a abandonarlo. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es la columna vertebral del stablishment erigiéndose como el garante de la paz y de la contención islámica, y como en el caso de Egipto, reclama el lugar que se merece.

Cuando en el contexto de la guerra por la independencia, Ben Bella y otros líderes se organizaron hacia 1954 para dar visibilidad internacional a la causa argelina, se creó el Frente de Liberación Nacional (FLN), actual partido en el gobierno. Su brazo armado, que fue responsable de masacres no sólo a europeos sino también a miles de civiles argelinos, el ELN, asumió el papel de liberador del yugo francés. Tras duros enfrentamientos, los Acuerdos de Evián reconocieron el estatuto de una Argelia independiente y se fueron sucediendo diferentes líderes siempre bajo el visto bueno de los militares. Tanto es así, que uno de los líderes de la rebelión, el mismo Ben Bella – presidente, secretario general del FLN y comandante en jefe -, fue destituido dos años después tras un golpe de estado militar tramado, entre otros, por Buteflika. Bella que contó con personalidades occidentales en su gobierno, fue reemplazado por Houari Bumedienne, defensor del socialismo y nacionalismo árabe. En 1971 Bumedienne nacionalizó los hidrocarburos líquidos y gaseosos manteniéndose en el poder hasta su muerte en 1978.

A mediados de los ochenta, bajo la presidencia del liberal Chadli Bendjedid, el país comenzó a sumirse en una crisis derivada de la bajada del precio del petróleo, la explosión demográfica y el consiguiente aumento del desempleo y de la vivienda. Frente a estas carencias, los argelinos comenzaron a enervarse por el elevado nivel de vida y parasitismo del Estado que mantenían antiguas autoridades. Las acusaciones de corrupción política contra esta élite se hicieron comunes al tiempo que emergían simpatizantes islamistas reprimidos por el ejército.

Fue en este momento cuando Chadli decidió introducir algunas reformas separando funciones en el FLN, sometiendo la rendición de cuentas del presidente al parlamento y abriendo la puerta al multipartidismo, incluyendo al FIS (Frente Islámico de Salvación).

Tiempo después, a las puertas de la guerra civil (1991-2002) el auge de partidos islamistas supuso un nuevo reto para los militares, que consideraban la popularidad de estos grupos como una amenaza a su estabilidad. Así, cuando en 1991 el FIS ganó las elecciones locales y se posicionó como cabeza en la primera ronda de las legislativas, el ELN interrumpió el proceso electoral. Fue entonces cuando se desató una nueva ola de violencia en el país. Una parte del FIS, que quiso aposta por la acción política pacífica, provocó la desmembración del grupo en facciones más radicales. De este partido que acusó al gobierno de corrompido y pro-francés, surgieron el MEI (Movimiento por un Estado Islámico) y el GIA (Grupo Islámico Armado). Este último se convirtió en la organización terrorista más poderosa internacionalmente. Su facción militar, la Armada Islámica de Salvación, estaba formada por ex combatientes argelinos en Afganistán durante la invasión soviética. Su ideario era la creación de un Estado regido estrictamente por la ley islámica (la sharia) contra cualquier tipo de democracia y pluralismo político.

El GIA consiguió entonces hacerse fuerte y rivalizó contra otros grupos islamistas que aspiraban a hacerse con el poder. Con ese objetivo, el GIA creó un órgano de propaganda en el extranjero y realizó varios ataques terroristas en suelo francés. El gobierno, que entonces encabezaba Liamine Zeroual, apostó por la vía dialoguista con las facciones islamistas más moderadas hacia la reconciliación nacional.

Pero las acciones del GIA se recrudecían y entre 1997 y 1998 el grupo masacró a ciudades enteras, creando de nuevo disidencias en el seno del grupo. Una vez más, los radicales volvieron a imponerse sobre los moderados y el día de la dimisión de Zeroual, se crea el GSPC (Grupo Salafista para la Predicación y el Combate) que consigue la mejor estructura de los grupos islamistas en contacto permanente con Al-Qaeda.Este grupo que surgió de los bordes de Cabilia, a día de hoy sigue activo con acciones bélicas en zonas montañosas y en el Sahel. Pero la Cabilia es más bien conocida por la milenaria presencia de bereberes. Una etnia tradicionalmente marginalizada desde el desembarco de los árabes al país en el siglo VII. El uso de su lengua, el tamazight, ha sido objeto de represión por los sucesivos gobiernos hasta el año 2002, momento en el que se reconoció como lengua oficial junto con el árabe, un gesto que no ha logrado frenar la desobediencia al Estado y las constantes protestas por la autonomía de la región.

En 1999 se inaugura la era Buteflika y con ella, su retórica hasta nuestros días. El actual presidente, líder militar de la independencia y ministro de Ben Bella, consiguió asentar la paz y la reconciliación nacional poniendo fin a años de masacres fratricidas. Pero esto no fue posible sin la actuación del ELN que, conquistando territorios yihadistas, logró expulsar a los fundamentalistas hacia el sur. Desde entonces, lo político y lo militar han ido de la mano. Hasta hoy.

Bien sabidos son los últimos desencuentros entre el FLN y el DRS por las investigaciones llevadas a cabo por este último acerca de casos de corrupción en el seno del gobierno. El DRS, único contrapoder y pieza clave en la lucha antiterrorista es ahora acusado por el presidente de intrusión en cuestiones políticas por inculpar al exministro de energía en el caso de los sobornos de la italiana Saipem a la gasística nacional Sonatrach. Buteflika que, recordemos, fue aupado por el ejército en 1992, ahora quiere desembarazarse del binomio inteligencia-militar en nombre de la democracia y del poder civil.

El presidente, o lo que es lo mismo, su equipo de gobierno, han osado por primera vez arremeter contra el DRS y su director general Mohamed Mediene, alias “Tufik”, despojando a los servicios secretos de tres áreas de su responsabilidad: la seguridad militar, las comunicaciones y la policía judicial. Todo indica a que el gobierno teme que se desvelen los tratos de favor que se han ido gestando a lo largo de quince años de gobierno de Buteflika. Al ejecutivo tampoco le ha temblado la mano a la hora de cerrar televisiones críticas con su gestión como Al Atlas y también promocionando sus propios medios de comunicación en campaña electoral.

A pesar del autoritarismo que ejerce Buteflika desde hace quince años, sabe rodearse y ganarse las felicitaciones de los líderes occidentales. Hollande transmite su enhorabuena al anciano presidente, mientras la UE en su conjunto, respira aliviada por cuestiones como la lucha antiterrorista, los flujos migratoriosy la cuestión energética.

Recordemos que el 50% del PIB argelino proviene de la exportación de hidrocarburos – con un 97,5% de los ingresos – principalmente de gas, con el envío al exterior de 54,6 millones de m3. España es la principal beneficiaria, importando un 60% de la energía que consume. Además, las empresas españolas no cesan en seguir intentando colocar jugosos contratos en el país, a pesar de las trabas burocráticas argelinas, para la construcción de infraestructuras y viviendas, éstas últimas deficitarias en los principales núcleos urbanos. Otros importantes socios comerciales del país además de España (17% de las inversiones) son Kuwait (23%), Egipto (17%), Estados Unidos (13%) y Francia (7%).

Esta fuerte riqueza en recursos minerales es mirada en primavera como una posible alternativa al corte de gas ruso que se aproxima con la crisis ucraniana. La UE no cesa en sus sanciones a Rusia y si la situación se recrudece con la llegada del invierno, Argelia podría convertirse en un potencial suministrador de energía al viejo continente vía España.

Paradójicamente, Rusia también sale beneficiada con la continuidad gubernamental del país africano que más gasta en defensa. La República ex soviética es su primer socio comercial en armamento con un 91% del material. El hecho de que Argelia haya aumentado su presupuesto en defensa un 176% desde 2004 ha provocado un dilema de seguridad en su país vecino, Marruecos, con el que mantiene un abierto enfrentamiento por la cuestión saharaui.

Lo cierto es que a todas las partes les conviene que las cosas que se queden como están, excepto a la población. El paro, las dificultades de acceso a la vivienda, la constatación de parasitismo y corrupción por parte de las élites, son cuestiones que empiezan a sacudir a los argelinos.

Geoestratégicamente, Argelia constituye un gran aliado en la lucha antiterrorista y en el suministro de energía. La estabilidad en Argelia es clave para la región teniendo en cuenta la amenaza constante de Al-Qaida y del caos en la vecina Libia. Pero si el gobierno continúa tratando de marginalizar al sector militar, quién sabe si Buteflika probará de su propia medicina con un golpe de Estado, como sucedió en Egipto.

El 7 de octubre de 2001, Estados Unidos justificaba la intervención en Afganistán por su derecho a la legítima defensa. Bush aseguraba – sin una prueba que demostrase el vínculo directo – que Afganistán era el Estado agresor de los ataques en suelo americano. Basaba esta afirmación en que el régimen talibán había cedido su territorio para operaciones de Al-Qaeda. Argumentando una intromisión de carácter preventivo,  USA pasaba, unilateralmente, por encima de todos los fundamentos del derecho internacional. Tras casi trece años de guerra y de desgaste para ambos bandos, las tropas norteamericanas anuncian su retirada a finales de año, privando de la seguridad a un país que les necesita más que nunca.

Mientras el país celebra las que se consideran, primeras elecciones democráticas y plurales de su historia, el terrorismo talibán sigue saltándose los fuerte controles de seguridad y cobrándose la vida de decenas de personas La realidad es que, a pesar del entusiasmo inicial por una amplia participación – 7 millones de voces respecto a los 4.5 millones de 2009 – la posible gobernabilidad del futuro ejecutivo resulta ilusoria ante los enormes retos que ha de afrontar en materia de seguridad. Tal es el  miedo a una latente ofensiva terrorista, que los tres candidatos con más posibilidades para la presidencia – Ghani, Rassoul y Abdullah- coinciden en la voluntad de firmar el Acuerdo Bilateral de Seguridad (BSA) con Estados Unidos.

Recordemos que, en este rincón de Asia-Central, invadido y apaleado por una constante sangrienta durante las últimas décadas, subyace una enorme fragmentación del poder y del uso de la violencia. Afganistán ha sido, tradicionalmente, tierra de un sistema feudal-tribal en el que los “señores de la guerra” – recientemente ex muyahidines – se han disputado el control de las regiones llegando a imponerse violentamente sobre sus propias comunidades. Poco después, y en reacción a las atrocidades cometidas por los soldados de la resistencia anticomunista, el Mullah Omar reclutaba a los estudiantes de escuelas coránicas (los talibanes) para luchar por el control de Kabul.

Este grupo de etnia pastún – mayoritaria en Afganistán con un 40% de la población – se presume es financiado por el gobierno y los servicios secretos pakistaníes. Su objetivo es gobernar bajo su propia interpretación de la sharia (la ley islámica) que permite las ejecuciones públicas y prohíbe las risas de las mujeres. En este contexto, la promesa de Estados Unidos de liberar a la población afgana del régimen talibán y de proporcionar una salida próspera al país a golpe de drones, ha provocado la frustración de los civiles y contribuido a la radicalización de muchos de ellos.

Esta dinámica ha ralentizado, no sólo la concentración del monopolio de la violencia bajo el mando del gobierno, sino que también ha provocado un enorme vacío institucional en el mismo. De esta manera, el posible fortalecimiento del nuevo ejecutivo chocaría frontalmente con los objetivos – dando lugar a la acción – no sólo de los talibanes, sino también de las milicias locales. Muchos han sido los afganos que han manifestado su hartazgo hacia la violencia y la falta de oportunidades que ofrece el país.

Por ello, las recientes elecciones, han supuesto la ocasión para canalizar las preocupaciones de dos importantes grupos electorales: por una parte a los jóvenes – los menores de 25 años constituyen dos tercios de la población- cuyas prioridades se centran en el empleo – con una tasa paro de un 35% – la educación y la economía; y también para las mujeres – un 35% de los votantes – que ven en estas elecciones la ocasión para zafarse del yugo machista radical y reivindicar una mayor presencia en los asuntos públicos.

Lo cierto es que, dejando a un lado la significativa movilización de los ciudadanos y de las buenas intenciones de sus candidatos, el país no está preparado para gobernarse en soledad. A pesar de que su mayor fuente de ingresos proviene de las ayudas internacionales – constituyen alrededor de un 98% del PIB – la corrupción y la escasa remuneración que reciben las fuerzas de seguridad, sigue sin ser suficiente para consolidar la estabilidad.

Paradójicamente, tras años de invasiones y de su consiguiente repudio al extranjero, la sociedad afgana reclama ahora el apoyo exterior en un momento clave para la viabilidad del país. Se trata de proporcionar ayuda para la reconstrucción y el impulso de la economía, de sostener y formar a las fuerzas armadas. No es una cuestión de imponer la democracia, sino de acompañar armoniosamente a los afganos en su proceso de transición. La presencia internacional – no sólo de Estados Unidos, sino también de la ONU como observador y mediador – no debería abandonar Afganistán ahora.

Dos afganos ejerciendo su derecho a voto.