El 7 de octubre de 2001, Estados Unidos justificaba la intervención en Afganistán por su derecho a la legítima defensa. Bush aseguraba – sin una prueba que demostrase el vínculo directo – que Afganistán era el Estado agresor de los ataques en suelo americano. Basaba esta afirmación en que el régimen talibán había cedido su territorio para operaciones de Al-Qaeda. Argumentando una intromisión de carácter preventivo,  USA pasaba, unilateralmente, por encima de todos los fundamentos del derecho internacional. Tras casi trece años de guerra y de desgaste para ambos bandos, las tropas norteamericanas anuncian su retirada a finales de año, privando de la seguridad a un país que les necesita más que nunca.

Mientras el país celebra las que se consideran, primeras elecciones democráticas y plurales de su historia, el terrorismo talibán sigue saltándose los fuerte controles de seguridad y cobrándose la vida de decenas de personas La realidad es que, a pesar del entusiasmo inicial por una amplia participación – 7 millones de voces respecto a los 4.5 millones de 2009 – la posible gobernabilidad del futuro ejecutivo resulta ilusoria ante los enormes retos que ha de afrontar en materia de seguridad. Tal es el  miedo a una latente ofensiva terrorista, que los tres candidatos con más posibilidades para la presidencia – Ghani, Rassoul y Abdullah- coinciden en la voluntad de firmar el Acuerdo Bilateral de Seguridad (BSA) con Estados Unidos.

Recordemos que, en este rincón de Asia-Central, invadido y apaleado por una constante sangrienta durante las últimas décadas, subyace una enorme fragmentación del poder y del uso de la violencia. Afganistán ha sido, tradicionalmente, tierra de un sistema feudal-tribal en el que los “señores de la guerra” – recientemente ex muyahidines – se han disputado el control de las regiones llegando a imponerse violentamente sobre sus propias comunidades. Poco después, y en reacción a las atrocidades cometidas por los soldados de la resistencia anticomunista, el Mullah Omar reclutaba a los estudiantes de escuelas coránicas (los talibanes) para luchar por el control de Kabul.

Este grupo de etnia pastún – mayoritaria en Afganistán con un 40% de la población – se presume es financiado por el gobierno y los servicios secretos pakistaníes. Su objetivo es gobernar bajo su propia interpretación de la sharia (la ley islámica) que permite las ejecuciones públicas y prohíbe las risas de las mujeres. En este contexto, la promesa de Estados Unidos de liberar a la población afgana del régimen talibán y de proporcionar una salida próspera al país a golpe de drones, ha provocado la frustración de los civiles y contribuido a la radicalización de muchos de ellos.

Esta dinámica ha ralentizado, no sólo la concentración del monopolio de la violencia bajo el mando del gobierno, sino que también ha provocado un enorme vacío institucional en el mismo. De esta manera, el posible fortalecimiento del nuevo ejecutivo chocaría frontalmente con los objetivos – dando lugar a la acción – no sólo de los talibanes, sino también de las milicias locales. Muchos han sido los afganos que han manifestado su hartazgo hacia la violencia y la falta de oportunidades que ofrece el país.

Por ello, las recientes elecciones, han supuesto la ocasión para canalizar las preocupaciones de dos importantes grupos electorales: por una parte a los jóvenes – los menores de 25 años constituyen dos tercios de la población- cuyas prioridades se centran en el empleo – con una tasa paro de un 35% – la educación y la economía; y también para las mujeres – un 35% de los votantes – que ven en estas elecciones la ocasión para zafarse del yugo machista radical y reivindicar una mayor presencia en los asuntos públicos.

Lo cierto es que, dejando a un lado la significativa movilización de los ciudadanos y de las buenas intenciones de sus candidatos, el país no está preparado para gobernarse en soledad. A pesar de que su mayor fuente de ingresos proviene de las ayudas internacionales – constituyen alrededor de un 98% del PIB – la corrupción y la escasa remuneración que reciben las fuerzas de seguridad, sigue sin ser suficiente para consolidar la estabilidad.

Paradójicamente, tras años de invasiones y de su consiguiente repudio al extranjero, la sociedad afgana reclama ahora el apoyo exterior en un momento clave para la viabilidad del país. Se trata de proporcionar ayuda para la reconstrucción y el impulso de la economía, de sostener y formar a las fuerzas armadas. No es una cuestión de imponer la democracia, sino de acompañar armoniosamente a los afganos en su proceso de transición. La presencia internacional – no sólo de Estados Unidos, sino también de la ONU como observador y mediador – no debería abandonar Afganistán ahora.

Dos afganos ejerciendo su derecho a voto.